Pacheco tiene razón, la justicia es un mojón

Para los más jóvenes del lugar os diré que Pedro Pacheco Herrera fue el alcalde de Jerez entre los años 1979 y 2003. Militante del Partido Andalucista, Pacheco ha sido la persona que más tiempo ha ocupado ese cargo y durante su largo mandato llevó a cabo un arduo proceso de transformación de la ciudad, ejecutando importantes proyectos como el circuito de velocidad o el parque tecnológico agroalimentario. Sin embargo la fama le llegó a don Pedro por otra vía. Fue en 1985, en rueda de prensa, cuando Pacheco gritó a los cuatro vientos aquello de “la justicia es un cachondeo”. Al parecer, el alcalde jerezano no encajó muy bien una resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz a través de la cual se anulaba un edicto de demolición de un chalé propiedad Bertín Osborne. Pacheco pretendía así denunciar la existencia de una connivencia entre el juez y los abogados del (pseudo) cantante y presentador, lo cual le acarreó una serie de problemas legales que por poco no acaban con su carrera política. El caso es que la “hazaña” del gaditano le concedió cierta notoriedad entre sus paisanos y hasta hace relativamente poco no era difícil ver pintadas apoyando su causa.

Ya han pasado unos añitos desde aquello y no muchos se acuerdan del affaire, sin embargo la afirmación de Pedro Pacheco respecto a nuestra justicia está hoy más vigente que nunca. Porque ha sido hoy, día 9 de febrero del año 2012, cuando el Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón por el caso de las escuchas de la Gürtel, expulsándolo de la Audiencia Nacional e inhabilitándolo para el ejercicio de la carrera judicial por un periodo de once años (en la práctica, hasta que se jubile, ya que el magistrado cuenta en la actualidad con 57 años de edad). En una sentencia durísima, que supura odio y vendetta por los cuatro costados, los jueces del Supremo achacan a Garzón el haber utilizado “prácticas propias de regímenes totalitarios”, causando “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo” y colocando con ello “a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”. Se le condena por lo tanto por un delito de prevaricación.

Y vale sí, ya sé que en un sistema garantista como el nuestro todo no vale o, por seguir la jerga de los carcas que han redactado la sentencia, el fin no justifica los medios. Y que un juez ponga escuchas a un abogado para descubrir cosas sobre su cliente es absolutamente ilegal y atenta contra el derecho de defensa que consagra el artículo 25 de la Constitución. Pero que las escuchas sean ilegales no significa necesariamente que exista un delito de prevaricación, para ello ha de demostrarse la existencia de dolo o imprudencia grave y lo habitual en estos casos es que se certifique la ilegalidad de las escuchas y por lo tanto se anulen, pero absolviendo al juez. Pero a Garzón se la tenían jurada desde hace tiempo. El hombre había pisado demasiados cayos a lo largo de su trayectoria y su historial como juez estrella le había granjeado no pocos enemigos dentro y fuera del estamento judicial. Así que, acusado por los jefes del “te quiero un huevo” (Francisco Correa y Pablo Crespo) y en connivencia con “una casta de burócratas al servicio de la venganza institucional” (Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, dixit), la carrera del juez Garzón se ha ido por el retrete. Como diría Supercrepus, el plan “suena brillante”… Pero no lo es. Tan sólo es demente. Porque tiene cojones que sea precisamente el tipo que destapó todo el merder de la Gürtel, el primero y hasta el momento el único en caer. Y a través de una sentencia fruto de una sucia maniobra orquestada por corruptos y magistrados pendencieros que, en definitiva, supone “un balón de oxígeno para la corrupción imperante en España y una coerción expresa a cualquier magistrado que decida acordar un sistema de investigación legítimo como son las escuchas telefónicas” (Jiménez Villarejo again). 

Para más INRI, durante el día de hoy también hemos conocido que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a investigar al magistrado encargado de instruir el “Caso Urdangarín”, por las “filtraciones” producidas durante el proceso. Ya veremos si este no acaba también en el trullo, mientras que el yernísimo se sale de rositas… y con los bolsillos llenos.  

Pues sí amigos, esto es lo que hay. Eso y que Pacheco tenía razón. Siempre la tuvo.